¿En qué se diferencian las democracias latinoamericanas con la de Estados Unidos? Perú, en sus 195 años de vida independiente ha tenido 108 gobiernos, de los cuales solo 20 fueron elegidos y apenas nueve – diez con Ollanta Humala- concluyeron su mandato. Similar fragilidad democrática ocurre en los demás países del continente. En cambio, Estados Unidos acumula 214 años de vida republicana con 154 presidentes democráticamente elegidos. Todos concluyeron sus gobiernos, salvo Richard Nixon, el único que dimitió a su cargo por el caso Watergate. ¿Qué explica estas diferencias? La estabilidad política.
En su libro “Democracia sin populismo: cómo lograrlo” (2013), José Luis Sardón reflexiona sobre la fórmula del crecimiento económico. Según él, esta fórmula tiene dos elementos en cadena: la estabilidad política y las libertades económicas – sobre todo las referentes a los derechos de propiedad-. La segunda es consecuencia de la primera en la medida que para asegurar el libre mercado y la propiedad se requieren de políticas sólidas. Cuando el sistema político es inestable, genera incertidumbre en los agentes económicos y una natural preocupación a que en cualquier momento se cambien las reglas de juego. Es por esta razón que muchas trasnacionales europeas no se arriesgan a hacer grandes inversiones en nuestro país y son las empresas de siempre las que licitan con el Estado.
Acabamos de elegir a nuestro cuarto presidente en las urnas luego de un periodo autocrático de diez años, pero aún es prematuro hablar de una auténtica estabilidad política y, en consecuencia, de un crecimiento económico sostenible en el tiempo. Sucede que no basta con elecciones democráticas para conseguir esos efectos en la política y la economía. Si bien “la democracia fortalece las libertades económicas en la medida que establece límites temporales al ejercicio del poder”, esta también “es vulnerable a la demagogia, es decir, a las promesas de políticos inescrupulosos, quienes, en la búsqueda de votos, ofrecen y, peor aún, luego aplican políticas que intentan sustituir al mercado como asignador eficiente de recursos”, escribe Sardón.
La demagogia es aún más peligrosa en países donde el voto es obligatorio porque permite que algunos partidos, a través del clientelismo y el populismo, manipulen al electorado. “Los políticos deben buscar la legitimidad a través de los frutos de su trabajo, no forzando la participación de los ciudadanos en los comicios. A la larga, este mecanismo coactivo desemboca en frustración y violencia, que es lo que debemos evitar a toda costa”, afirma.
La democracia, sostiene Sardón como tesis principal, necesita sostenerse en pocos partidos, o más precisamente, en solo dos partidos: “El crecimiento económico requiere gobierno limitado, pero gobierno a fin de cuentas. Por eso, al menos para los países grandes lo recomendable es el bipartidismo, en el que el equilibrio de fuerzas resulta más sencillo y, por tanto, más efectivo”. En un país donde básicamente dos partidos se alternan el poder, las decisiones políticas y el diálogo son más prolíficos: “la oposición puede ser gobierno en la siguiente elección, para luego volver a ser oposición y luego nuevamente gobierno. Así, se pone más fácilmente en los zapatos del gobierno, y viceversa”.
Sin embargo, en nuestro país los partidos políticos son muy volátiles y fragmentados, lo que en palabras de Sardón “desincentiva el desarrollo de estrategias entre los participantes” y anula la cooperación. Por ejemplo, los partidos nacionales han pasado de ganar el 60% de los cargos en las elecciones regionales y municipales de 2002 al 30% en las de 2014. Los movimientos regionales y locales, excesivamente populistas y creados en torno a figuras con mucha arraigo local o capacidad económica, los han aplastado en estos últimos doces años (*). Como la mayoría de estos movimientos se constituyen en torno a intereses específicos, muchos de ellos vinculados al narcotráfico o bandas criminales (como es el caso de César Álvarez y otros gobernadores regionales), una vez que llegan al poder se vuelven corazas de fechorías y aplican modelos de gobierno efectistas y de corto plazo. Es así como la fragmentación partidaria hace metástasis en la gobernabilidad del país y perturba el crecimiento económico, pues son tantos y diversos los intereses que entran en conflicto que es difícil construir un camino adecuado hacia el desarrollo.
¿Qué hacer? Creo que la solución no pasa esencialmente por tener un sistema bipartidista, pero sí por evitar la fragmentación. Según un recuento de Michael Coppedge, en los 11 países latinoamericanos más poblados, aproximadamente 1.200 partidos diferentes han ocupado asientos en sus Congresos a lo largo del siglo XX. Si bien Estados Unidos tiene un sistema político de dos partidos, y sus resultados económicos y de estabilidad democrática han sido superiores al de los países latinoamericanos, no se pueden calcar los mismos métodos en realidades distintas. Al bipartidismo estadounidense se le ha acusado de no necesariamente representar los requerimientos de todos los ciudadanos “sino solo los de una élite enquistada en el poder”, como bien apunta Sardón.
Sea como fuere, queda claro que un sistema político fraccionado favorece el populismo y la llegada al poder de grupos políticos nómadas. Ello, sin duda, obstaculiza el crecimiento y la gobernabilidad. Tal vez no hace falta un bipartidismo, sino solo un pluralismo mesurado y reformar los temas de fondo: muchos de los partidos que tenemos actualmente no logran agrupar los intereses de grupos sociales amplios en torno a una serie de ideales bases. Cuando esta realidad se revierta, la existencia de menos partidos políticos será una consecuencia natural.
Los partidos sólidos, representativos y aglomerados en pocas, pero legítimas facciones son los pilares de la democracia porque garantizan un sistema político estructurado que se traduce, por ejemplo, en un Congreso menos caótico y sin “comepollos”, “robacables” o “mataperros”. Lo que se busca es que haya más y mejor diálogo en el Congreso – que es el principal punto de encuentro entre las fuerzas políticas- para que se discutan las principales reformas estructurales como las del Poder Judicial y se genere confianza en los agentes económicos. “No se le puede encargar a una institución así configurada (un Congreso fragmentado) la selección de magistrados”, acierta Sardón. Tampoco de otros cargos como el Contralor o el Defensor del Pueblo, autoridades claves para un correcto sistema de contrapesos. ¿O acaso ya olvidamos la vergonzosa repartija del 2013? Así pues, empezando desde el seno de los partidos, hay, hermanos, muchísimo por hacer…
(*) Fuente: "El Perú está calato" de Carlos Ganoza y Andrea Stiglich, pp 88.
